La palabra “caciquismo” se aplica para designar el dominio ejercido por ciertas oligarquías sobre sus convecinos, principalmente durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX.
Estas oligarquías se dedicaban a “persuadir” a los votantes para influir en el resultado electoral, aunque si la persuasión era insuficiente se recurría a la compra de votos, al fraude (falsificación de actas, voto masivo de fallecidos…) e incluso a la fuerza (intimidación o encarcelamiento de votantes disconformes). Se fingía así una apariencia de democracia parlamentaria que no era más que “paisajes de papel pintado”.
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En Castilla la Mancha, región agrícola, los caciques campaban a sus anchas y hacían y deshacían con el beneplácito de los “oligarcas” de Madrid y el apoyo de los Gobernadores Civiles.
Pero si hay una persona que conoce perfectamente cómo actuaban los caciques en el territorio de lo que hoy es Castilla la Mancha, e incluso sus nombres y apellidos, esa persona es precisamente nuestro presidente regional, D. José María Barreda. De todos es sabido que la tesis doctoral del Sr. Barreda trató este tema y dio lugar a un libro bien documentado que se titula “caciques y electores”.
Las desigualdades e injusticias de esa época junto a otras circunstancias dieron lugar a una guerra, después una Dictadura y tras una brillante Transición comandada por S. M. el Rey y por D. Adolfo Suárez, una Democracia plena con unas reglas del juego pactadas entre todos.
Hoy, en Castilla la Mancha hay un profundo déficit democrático. Una “apariencia” de democracia que echando mano de una mayoría absoluta legítimamente conseguida en las urnas, quiere de forma unilateral cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. El PSOE ha presentado una propuesta de modificación de la Ley Electoral que, a grandes rasgos, persigue su perpetuación “democrática” en el poder. Al aumentar un escaño en Toledo y otro en Guadalajara el número de diputados a elegir en esas provincias es par y se reparten entre PP y PSOE, de forma que con ganar aunque sea por poco en una provincia impar siguen en el poder. Esto no quiere decir que no haya que reformar la Ley Electoral de Castilla la Mancha pero entiendo que en este tema el consenso es obligado, pero no sólo con el Partido Popular, sino incluso con fuerzas como Izquierda Unida, que aunque no tengan representación en las Cortes de Castilla la Mancha sí la tienen en otras instituciones.
Con un tema así sobre la mesa parece asunto menor que el PSOE quiera nombrar Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha a un ex alcalde socialista en paro, también sin consenso y aplicando el rodillo. Yo, sinceramente, no me sentiré defendido por un señor que por lo que se ha caracterizado durante su mandato es, precisamente, por su falta de colaboración con la Institución a la que el Sr. Barreda le quiere aupar.
La reforma electoral, la elección de Defensor del Pueblo y algunas otras actuaciones futuras deben hacerse con el mayor consenso posible. De no ser así evidenciarían un déficit democrático, una falta de respeto hacia la oposición democrática del Partido Popular, una ausencia, en definitiva, de “pedigrí” democrático, cosa que me consta que el Sr. Barreda no va a permitir aunque sea un experto universitario en “caciquismo”.
Miguel Ángel Rodríguez
Concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Ciudad Real
Estas oligarquías se dedicaban a “persuadir” a los votantes para influir en el resultado electoral, aunque si la persuasión era insuficiente se recurría a la compra de votos, al fraude (falsificación de actas, voto masivo de fallecidos…) e incluso a la fuerza (intimidación o encarcelamiento de votantes disconformes). Se fingía así una apariencia de democracia parlamentaria que no era más que “paisajes de papel pintado”.
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En Castilla la Mancha, región agrícola, los caciques campaban a sus anchas y hacían y deshacían con el beneplácito de los “oligarcas” de Madrid y el apoyo de los Gobernadores Civiles.
Pero si hay una persona que conoce perfectamente cómo actuaban los caciques en el territorio de lo que hoy es Castilla la Mancha, e incluso sus nombres y apellidos, esa persona es precisamente nuestro presidente regional, D. José María Barreda. De todos es sabido que la tesis doctoral del Sr. Barreda trató este tema y dio lugar a un libro bien documentado que se titula “caciques y electores”.
Las desigualdades e injusticias de esa época junto a otras circunstancias dieron lugar a una guerra, después una Dictadura y tras una brillante Transición comandada por S. M. el Rey y por D. Adolfo Suárez, una Democracia plena con unas reglas del juego pactadas entre todos.
Hoy, en Castilla la Mancha hay un profundo déficit democrático. Una “apariencia” de democracia que echando mano de una mayoría absoluta legítimamente conseguida en las urnas, quiere de forma unilateral cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. El PSOE ha presentado una propuesta de modificación de la Ley Electoral que, a grandes rasgos, persigue su perpetuación “democrática” en el poder. Al aumentar un escaño en Toledo y otro en Guadalajara el número de diputados a elegir en esas provincias es par y se reparten entre PP y PSOE, de forma que con ganar aunque sea por poco en una provincia impar siguen en el poder. Esto no quiere decir que no haya que reformar la Ley Electoral de Castilla la Mancha pero entiendo que en este tema el consenso es obligado, pero no sólo con el Partido Popular, sino incluso con fuerzas como Izquierda Unida, que aunque no tengan representación en las Cortes de Castilla la Mancha sí la tienen en otras instituciones.
Con un tema así sobre la mesa parece asunto menor que el PSOE quiera nombrar Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha a un ex alcalde socialista en paro, también sin consenso y aplicando el rodillo. Yo, sinceramente, no me sentiré defendido por un señor que por lo que se ha caracterizado durante su mandato es, precisamente, por su falta de colaboración con la Institución a la que el Sr. Barreda le quiere aupar.
La reforma electoral, la elección de Defensor del Pueblo y algunas otras actuaciones futuras deben hacerse con el mayor consenso posible. De no ser así evidenciarían un déficit democrático, una falta de respeto hacia la oposición democrática del Partido Popular, una ausencia, en definitiva, de “pedigrí” democrático, cosa que me consta que el Sr. Barreda no va a permitir aunque sea un experto universitario en “caciquismo”.
Miguel Ángel Rodríguez
Concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Ciudad Real
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