El agua es elemento fundamental para el desarrollo de la vida y para el progreso económico y social de los pueblos. En Castilla-La Mancha, y en concreto en Ciudad Real, vivimos en una tierra eminentemente seca, sin que durante los últimos veinticuatro años de Gobierno socialista regional se hayan adoptado medidas eficaces para paliar este grave problema.Leer más...
Castilla-La Mancha es la única región de España que trasvasa agua a otras Comunidades Autónomas, ejerciendo por tanto de forma efectiva el principio de solidaridad. Para intentar eliminar esta injusticia histórica, el Partido Popular desde el Gobierno central aprobó el Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba numerosas inversiones en infraestructuras para la mejor distribución del agua en nuestra región, al tiempo que programaba un trasvase desde el delta del Ebro al Levante español, levantando con ello la hipoteca que pesa sobre el río Tajo.
Incomprensiblemente, el Gobierno regional del presidente Barreda asumió complaciente y sumiso la decisión del Gobierno de Zapatero de suprimir el proyectado trasvase del Ebro al Levante, atendiendo con ello a las reivindicaciones insolidarias de los nacionalistas catalanes. Más sorprendentes fueron las declaraciones del Sr. Barreda, afirmando haber alcanzado un pacto histórico con la ministra Narbona que garantizaría la caducidad del trasvase del Tajo y la redistribución de esa agua por nuestra región.
Como muy bien sabemos todos, el Ministerio de Medio Ambiente se opone a dar fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura y se niega a permitir trasvases al Acuífero 23 para su recarga o para el mantenimiento del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Al mismo tiempo, el tan prometido Plan Especial del Alto Guadiana se dilata indefinidamente en el tiempo, con la esperanza del PSOE regional de que su contenido no genere un voto de rechazo para su partido en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo. Sin embargo, el borrador de dicho Plan no contempla soluciones para la recarga del Acuífero 23 y para el mantenimiento y conservación de las Tablas de Daimiel, y sólo plantea restricciones a los derechos históricos de los agricultores, reconocidos en la Ley de Aguas, y la paralización del desarrollo económico en las poblaciones asentadas sobre dicho acuífero.
En esta Convención provincial sobre el Agua, el Partido Popular de Ciudad Real manifiesta lo siguiente:
1.- El agua es un bien escaso imprescindible para el mantenimiento del Medio Ambiente y de la actividad económica y social de la provincia de Ciudad Real.
2.- Como un bien escaso, el agua debe utilizarse con moderación, inteligencia y con los medios técnicos más avanzados que permitan un mejor aprovechamiento de este elemento.
3.- La política hídrica en España tuvo un instrumento legal que extendía el principio de solidaridad y de uso racional del agua a todo el territorio nacional. Este instrumento fue el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por el Gobierno Aznar y que fue derogado como primera medida del nuevo Gobierno socialista de Zapatero.
4.- Es imprescindible reestablecer la necesidad del trasvase del Ebro al Levante español para que la cuenca del Tajo no sea el único aporte a esta zona seca. Sin dicho trasvase del Ebro, será difícil obtener la caducidad progresiva del trasvase Tajo-Segura, tal y como reclama el Partido Popular regional.
5.- Exigimos que se construyan, con carácter de urgencia, las infraestructuras necesarias para redistribuir el agua sobrante de la cuenca del Tajo por todo el territorio regional, una vez que vaya caducando progresivamente el trasvase Tajo-Segura. Con éstas, podrá acometerse, entre otras actuaciones, la recarga del Acuífero 23 y el mantenimiento del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Debemos recordar que en 24 años de Gobierno socialista regional no se ha ejecutado estas obras imprescindibles para nuestro desarrollo.
6.- Es necesario que en el Plan Especial del Alto Guadiana se contemple un equilibrio entre el mantenimiento del Medio Ambiente y el derecho de las poblaciones instaladas sobre el mismo a un desarrollo económico y social acorde con el del resto del Estado. No es asumible que en el borrador del referido Plan se criminalice a los agricultores y se establezcan limitaciones al desarrollo de estas comarcas, llegando incluso a plantear como única solución las sanciones y cierres de los pozos irregulares.
7.- Instamos a que se alcance un amplio consenso sobre el borrador del Plan Especial del Alto Guadiana y que no se oculte información a los afectados para evitar un penalización electoral para el PSOE.
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