jueves, 3 de diciembre de 2009

ANPE manifiesta la necesidad de clarificar el concepto de Autoridad Pública del profesorado

El sindicato ANPE ha señalado que todas las iniciativas que refuercen la autoridad de los docentes, redundan en un gran beneficio para los alumnos y en la consecución de un modelo educativo que permita el pleno ejercicio del derecho a la educación (derecho a enseñar y derecho a aprender).

El sindicato, en un comunicado, considera que la recuperación de la autoridad del profesorado pasa por clarificar el concepto a determinados sectores de la sociedad, políticos incluidos, para poder comprender y opinar acerca de la necesidad de reconocer como tal al docente en el ejercicio de su función. Se confunde la autoridad con “portar una gorra y una porra” y con “convertir al profesor en un policía uniformado”, volviendo incluso a caducos e inhumanos sistemas que mantengan el castigo físico en las aulas.

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ANPE ha añadido que hay que recuperar, en primer lugar, la noción y la palabra “autoridad”, que están desnaturalizadas y parcialmente pervertidas, y aclarar lo que significa este concepto.

Según señala el sindicato, "la violencia en las aulas, las agresiones físicas o verbales, que pueden ir dirigidas contra el mobiliario del centro, contra los profesores o entre los propios alumnos, el acoso al profesorado, las presiones o amenazas que sufren, constituye una realidad más que evidente. Todo esto condiciona y obstaculiza la prestación del servicio educativo, el normal ejercicio del derecho a la educación y el desarrollo normalizado de la profesión de enseñar en condiciones dignas".

ANPE considera que el reconocimiento del profesor como autoridad pública modificaría positivamente esta situación ya que supondría:

- Velar por el prestigio, la dignidad y el honor del docente para conseguir una educación de calidad.
- Garantizar la efectiva realización del derecho fundamental a la educación reconocida en el artículo 27 de la Constitución española.
- La presunción de veracidad para el profesor
- Garantizar la asistencia jurídica y la defensa del profesorado.
- La consideración de delito frente a la falta, que refuerza el carácter disuasorio de las conductas agresivas que deteriora la convivencia en los centros docentes.

Desde el sindicato han añadido que el reconocimiento de autoridad pública para los docentes no va a solucionar los graves problemas de la educación, ni va a devolver instantáneamente el respeto perdido del status docente, pero es un paso más, muy importante y decisivo, para ayudar a mejorar el clima en las aulas. Este paso, según indica, debe ir acompañado por otras medidas también encaminadas a dignificar su función y devolverle su valoración social:

- Campañas institucionales a favor del reconocimiento social de la profesionalidad y la dignidad de los docentes.
- Compromiso de las familias para apoyar y colaborar con los docentes, valorándolos ante sus hijos y no desacreditándolos.
- Asunción por parte de los medios de comunicación de su papel como configuradotes del orden social y transmisores de mensajes educativos.

ANPE seguirá demandando la reivindicación histórica del reconocimiento de Autoridad Pública para los docentes, en el sentido y con el contenido que proponemos, y así poder recuperar para el profesorado las condiciones de respeto y consideración imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.

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