El sindicato de profesores ANPE ha interpuesto recurso ante la Consejería de Educación y Ciencia contra dos resoluciones por las que se invaden las funciones y competencias del profesorado, constituyendo una injerencia inadmisible e ilegal de la Administración educativa en las funciones de los docentes y en la de los centros en los que imparten docencia en idiomas (EEOOII).
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Las resoluciones aprueban las especificaciones de las pruebas para obtener los certificados de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, y los del nivel C1 del Marco Europeo de Referencias de las Lenguas. Con ellas se atribuyen a órganos administrativos y de gobierno facultades asignadas legalmente a los docentes, con lo que se atenta directamente a la dignidad y profesionalidad de este colectivo.
Denunciamos, asimismo, que la Consejería no ha atendido las propuestas de mejora que les han sido trasladadas por los auténticos profesionales en esta cuestión, al no haberse negociado en Mesa Sectorial esta normativa.
ANPE exige una serie de medidas imprescindibles para la elaboración y aplicación de unas pruebas dignas, pues el malestar del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas es profundo y su intención es ser los auténticos responsables del proceso de preparación y elaboración de estas pruebas y cualesquiera otras que se hayan de aplicar en estas escuelas. Los problemas y errores acaecidos en la última convocatoria van en contra del prestigio de nuestro sistema educativo y de los títulos y certificados emitidos.
Por ello, reclamamos: la garantía de que las pruebas que se celebren a las Escuelas de Idiomas hayan sido elaboradas, coordinadas, revisadas, redactadas y evaluadas por profesores de las EEOOII; la existencia de un control de calidad y que los criterios de evaluación sean públicos y conocidos por los alumnos.
Desde ANPE exigimos que se escuche a los verdaderos profesionales de la Enseñanza de Idiomas de nuestra Región y se les dé la palabra para solucionar los problemas del sistema educativo. La Consejería de Educación no puede suplantar ni desposeer al profesorado de las funciones y derechos inherentes al ejercicio de la función docente, dentro de las cuales se encuentra la de evaluar y calificar con plenos efectos académicos.
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Las resoluciones aprueban las especificaciones de las pruebas para obtener los certificados de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, y los del nivel C1 del Marco Europeo de Referencias de las Lenguas. Con ellas se atribuyen a órganos administrativos y de gobierno facultades asignadas legalmente a los docentes, con lo que se atenta directamente a la dignidad y profesionalidad de este colectivo.
Denunciamos, asimismo, que la Consejería no ha atendido las propuestas de mejora que les han sido trasladadas por los auténticos profesionales en esta cuestión, al no haberse negociado en Mesa Sectorial esta normativa.
ANPE exige una serie de medidas imprescindibles para la elaboración y aplicación de unas pruebas dignas, pues el malestar del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas es profundo y su intención es ser los auténticos responsables del proceso de preparación y elaboración de estas pruebas y cualesquiera otras que se hayan de aplicar en estas escuelas. Los problemas y errores acaecidos en la última convocatoria van en contra del prestigio de nuestro sistema educativo y de los títulos y certificados emitidos.
Por ello, reclamamos: la garantía de que las pruebas que se celebren a las Escuelas de Idiomas hayan sido elaboradas, coordinadas, revisadas, redactadas y evaluadas por profesores de las EEOOII; la existencia de un control de calidad y que los criterios de evaluación sean públicos y conocidos por los alumnos.
Desde ANPE exigimos que se escuche a los verdaderos profesionales de la Enseñanza de Idiomas de nuestra Región y se les dé la palabra para solucionar los problemas del sistema educativo. La Consejería de Educación no puede suplantar ni desposeer al profesorado de las funciones y derechos inherentes al ejercicio de la función docente, dentro de las cuales se encuentra la de evaluar y calificar con plenos efectos académicos.
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