martes, 9 de marzo de 2010

El Ayuntamiento de Ciudad Real embarga a la Seguridad Social por no pagar el IBI del Hospital General de la capital

El Ayuntamiento de Ciudad Real se ha decidido esta mañana a embargar a la Seguridad Social para que haga frente a la deuda que tiene contraída con el Consistorio capitalino, que asciende a 2,4 millones de euros, por el impago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) desde el 2006. Desde el Ayuntamiento han alegado que han hecho lo que harían con cualquier ciudadano de a pié en el caso de que no cumpliera con el pago de sus impuestos y han añadido que este ha sido el último recurso que han utilizado ya que se corría el riesgo de que prescribiera el primer recibo puesto al cobro allá por 2006.

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Por este motivo, el Ayuntamiento ha inmovilizado cerca de 250.000 euros de diferentes cuentas bancarias de la Seguridad Social para intentar cobrar lo que le pertenece y para apremiar a la Seguridad Social al pago de la deuda.

Después de varios desencuentros con la propia Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para que esta institución hiciera frente al pago, desde Toledo se notificó al Ayuntamiento que el inmueble pertenecía a la Seguridad Social, dado que no estaba en la relación de edificio traspasado a la Junta de Comunidades cuando se hicieron efectivas las transferencias en materia de sanidad.

La Seguridad Social responde y se querella contra un funcionario municipal

Por su parte, desde la Seguridad Social han anunciado que se querellarán contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por inmovilizar dinero correspondiente a la caja de las pensiones y han requerido al funcionario que firmo las órdenes de embargo para que las retire.

Desde el Ayuntamiento han argumentado que la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas deja claro que el dinero de las cuentas bancarias no forma parte del patrimonio inembargable de la Administración y han añadido que se trata de una querella que carece de lógica porque en todo momento han estado muy bien asesorados por el equipo jurídico del propio Consistorio.

La guerra por los 2,4 millones de euros no ha hecho nada más que empezar y promete nuevos capítulos.

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