miércoles, 24 de marzo de 2010

ANPE desmiente las declaraciones del Viceconsejero de Educación en relación con la no existencia de profesores amenazados en la región

ANPE ha querido poner de manifiesto, mediante nota de prensa, la total inexactitud de las declaraciones del Viceconsejero de Educación y Ciencia, Pedro Pablo Novillo, afirmando que en Castilla-La Mancha no hay colectivos de profesores amenazados por alumnos.

Según han expresado desde ANPE, el sindicato tiene constancia de que los casos de intimidaciones y agresiones a docentes no son escasos. Desde ANPE cuentan con las denuncias de los compañeros y afiliados, y de las llamadas a nuestro servicio del “Defensor del Docente” – puesto en marcha en el 2005-, denuncias que los profesores no quieren hacer públicas por miedo a los agresores y su entorno y a la propia Consejería de Educación, ya que se sienten desamparados por ella.

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Por otro lado, el “Informe sobre la situación de la Convivencia en los Centros Docentes”, elaborado por el Observatorio de la Convivencia Escolar de CLM (órgano dependiente de la Consejería de Educación creado al amparo del Decreto para la Convivencia Escolar, con el que el Gobierno Regional pretende mejorar el clima académico), reconoce más de 250 consultas de las que un 35% de las mismas se refieren a temas de violencia, presuntos maltratos y conflictos interpersonales, tras el primer curso de funcionamiento del Equipo de Apoyo a la Convivencia escolar. Las consultas proceden, casi exclusivamente, de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y de centros públicos.

Asimismo, el citado informe reconoce que el porcentaje de centros que han adoptado medidas por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia ha sido del 24,2%, de los más de mil centros docentes de la Región.

Los informes europeos también confirman este panorama. El informe TALIS, publicado por la OCDE, afirma que España es el país europeo “con peor clima escolar”, invirtiendo los docentes españoles más del 16% del tiempo en mantener orden en las clases y que “uno de cada tres docentes tiene riesgo de sufrir enfermedades psicológicas”. El informe español Cisneros sobre violencia escolar, señala que un 60% de los profesores reciben agresiones verbales.

El gran debate abierto, y que crece, en relación al reconocimiento de autoridad pública del docente en el ejercicio de su función, responde a este contexto, no habiendo salido a la luz por una realidad inventada. De todos es sabido que en los últimos años el profesorado ha sufrido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social. La convivencia en los centros educativos se ha ido deteriorando y las agresiones verbales, los acosos, las intimidaciones, amenazas y agresiones físicas hacia el docente configuran un paisaje educativo más cotidiano de lo que se quiere reconocer.

Así, los resultados de la “Encuesta de satisfacción de los docentes castellano-manchegos con el estado de la Educación en la Región”, presentados por ANPE, son claros y contundentes:

La conflictividad en las aulas supone una fuente de insatisfacción para el 57% de los docentes de la región.
Un 71% están poco o nada satisfechos con el apoyo que perciben por parte de la Consejería de Educación, sobre todo cuando un conflicto entre miembros de la comunidad educativa pone en una situación vulnerable al docente.

El 89% de los docentes encuestados clama por la necesidad de que se les reconozca el estatus de autoridad pública, como uno de los requisitos básicos para mejorar la convivencia y las condiciones de respeto y consideración profesional, imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.

Todos los datos anteriores contradicen manifiestamente las declaraciones del viceconsejero de Educación. Por ello, ANPE demanda a los responsables políticos, una vez más, el reconocimiento de los problemas reales de nuestro sistema educativo.

Desde ANPE exigen a nuestro Gobierno Regional que trabaje para recuperar el respeto y la consideración social que nunca debieron perder los profesionales de la educación, poniendo en marcha una política seria y eficaz de dignificación del profesorado. Esto pasa por incluir la condición de Autoridad Pública de los docentes de la región en la futura Ley de Educación de Castilla-La Mancha.

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