ANPE, sindicato mayoritario del sector docente, ve con asombro como de todas las propuestas presentadas por nuestro organización, ni una sola ha sido recogida en el proyecto de la Ley de Educación. Esta es la “amplia participación” de la comunidad educativa que se nos vende y el talante negociador, permeabilidad y tolerancia que domina la acción del Gobierno Regional.
Asimismo, desde el sindicato ponen de manifiesto que no ha sido un texto abierto para el debate y que de más de 500 aportaciones para mejorarlo, presentadas al Consejo Escolar regional, únicamente han sido admitidas un 5%.
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Desde el comienzo de la gestación de la Ley Educativa de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional ha hecho ver esta futura norma como una “Ley de todos y para todos”, calificándonla de potenciadora del sistema educativo como un yacimiento de empleo. Pero, desde ANPE, denuncian que la verdad es otra, ya que la opinión de los docentes no se está teniendo en cuenta. De momento es un proyecto de ley impuesto, sin el consenso del que se le quiere barnizar, donde el juicio de los profesionales y los usuarios del servicio no está teniendo cabida.
Desde ANPE exigen que sean los docentes, protagonistas del hecho educativo, los que diseñen las estratégias, las directrices y el modelo a seguir. Sus opiniones deben ser atendidas, escuchadas y respetadas para mejorar un sistema educativo que transforma a nuestra comunidad en el farolillo rojo de los parámetros de fracaso, abandono y absentismo.
Nuestra futura Ley Educativa Regional debe contar con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos como de los representantes del profesorado. Por ello, dan la bienvenida a la propuesta del Ministro Ángel Gabilondo de que “cualquier cambio normativo en la Enseñanza requiera del acuerdo de dos tercios de diputados del Congreso”, sumándose, así, a la filosofía de ANPE, que siempre ha venido defendiendo que las reformas educativas vinieran avaladas por mayorías cualificadas. Con unos porcentajes del 34% en fracaso escolar y de 38% en abandono en nuestra comunidad, animamos al Gobierno de Barreda a no olvidar esta importante premisa.
Por otro lado, esta norma que por el momento se limita a reescribir la Ley Orgánica de Educación, no debe ver la luz antes que el gran Pacto de Estado por la Educación, para que pueda recoger los avances y las reformas de calado que traiga consigo este pacto. Recuerdan desde el sindicato, por ejemplo, la propuesta concreta del Ministro de modificación de más de 20 artículos de la LOE.
Exigen que la futura Ley Educativa Regional esté asentada sobre las propuestas de los docentes para que realmente, como publicita la Consejera de Educación, llege a ser ese “hito en el avance colectivo de nuestra región” y “la plasmación del compromiso común de todos por el éxito y la calidad de la vida educativa en Castilla-La Mancha”.
Asimismo, desde el sindicato ponen de manifiesto que no ha sido un texto abierto para el debate y que de más de 500 aportaciones para mejorarlo, presentadas al Consejo Escolar regional, únicamente han sido admitidas un 5%.
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Desde el comienzo de la gestación de la Ley Educativa de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional ha hecho ver esta futura norma como una “Ley de todos y para todos”, calificándonla de potenciadora del sistema educativo como un yacimiento de empleo. Pero, desde ANPE, denuncian que la verdad es otra, ya que la opinión de los docentes no se está teniendo en cuenta. De momento es un proyecto de ley impuesto, sin el consenso del que se le quiere barnizar, donde el juicio de los profesionales y los usuarios del servicio no está teniendo cabida.
Desde ANPE exigen que sean los docentes, protagonistas del hecho educativo, los que diseñen las estratégias, las directrices y el modelo a seguir. Sus opiniones deben ser atendidas, escuchadas y respetadas para mejorar un sistema educativo que transforma a nuestra comunidad en el farolillo rojo de los parámetros de fracaso, abandono y absentismo.
Nuestra futura Ley Educativa Regional debe contar con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos como de los representantes del profesorado. Por ello, dan la bienvenida a la propuesta del Ministro Ángel Gabilondo de que “cualquier cambio normativo en la Enseñanza requiera del acuerdo de dos tercios de diputados del Congreso”, sumándose, así, a la filosofía de ANPE, que siempre ha venido defendiendo que las reformas educativas vinieran avaladas por mayorías cualificadas. Con unos porcentajes del 34% en fracaso escolar y de 38% en abandono en nuestra comunidad, animamos al Gobierno de Barreda a no olvidar esta importante premisa.
Por otro lado, esta norma que por el momento se limita a reescribir la Ley Orgánica de Educación, no debe ver la luz antes que el gran Pacto de Estado por la Educación, para que pueda recoger los avances y las reformas de calado que traiga consigo este pacto. Recuerdan desde el sindicato, por ejemplo, la propuesta concreta del Ministro de modificación de más de 20 artículos de la LOE.
Exigen que la futura Ley Educativa Regional esté asentada sobre las propuestas de los docentes para que realmente, como publicita la Consejera de Educación, llege a ser ese “hito en el avance colectivo de nuestra región” y “la plasmación del compromiso común de todos por el éxito y la calidad de la vida educativa en Castilla-La Mancha”.
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