Para ANPE, el Pacto de Estado por la Educación debe incluir medidas para la mejora en la convivencia en los colegios
Según señala el sindicato educativo ANPE en un comunicado, la escuela no es un mero reflejo de la sociedad. Es también, y sobre todo, el laboratorio donde se va creando la sociedad del futuro que debe ser más capacitada, más justa, más democrática y más solidaria que la actual. Por ello, un pacto de Estado por la educación puede ser también el contexto privilegiado en el que toda la sociedad haga una apuesta firme por la mejora de la convivencia en los centros educativos.
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ANPE propone para el debate acerca del Pacto de Estado por la educación las siguientes prouestas:
La actualización de la normativa sobre convivencia escolar en todas las comunidades autónomas.
La extensión del reconocimiento de la figura del profesor como Autoridad Pública en el ejercicio de su función en todo el Estado.
La garantía de defensa y protección jurídica del profesorado.
La garantía de protección y atención preferente a las víctimas de violencia o acoso escolar.
El compromiso de puesta en marcha de aulas de convivencia en las que equipos multidisciplinares aborden la problemática individual de los alumnos conflictivos, y se garantice el clima adecuado de aprendizaje para todos los alumnos.
Un refuerzo a la competencia del profesor para tomar decisiones inmediatas con respecto a las conductas inadecuadas contrarias a las normas de convivencia del centro.
Un compromiso de esfuerzo dotacional en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos.
El establecimiento de una formación específica para la resolución de conflictos en el marco de la formación inicial del profesorado.
Instar a todos los estamentos sociales a arbitrar todas las medidas que faciliten la interacción entre familia y escuela: conciliación de horarios, permisos para resolver asuntos escolares, ajustes del horario de los centros al de las familias.
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ANPE propone para el debate acerca del Pacto de Estado por la educación las siguientes prouestas:
La actualización de la normativa sobre convivencia escolar en todas las comunidades autónomas.
La extensión del reconocimiento de la figura del profesor como Autoridad Pública en el ejercicio de su función en todo el Estado.
La garantía de defensa y protección jurídica del profesorado.
La garantía de protección y atención preferente a las víctimas de violencia o acoso escolar.
El compromiso de puesta en marcha de aulas de convivencia en las que equipos multidisciplinares aborden la problemática individual de los alumnos conflictivos, y se garantice el clima adecuado de aprendizaje para todos los alumnos.
Un refuerzo a la competencia del profesor para tomar decisiones inmediatas con respecto a las conductas inadecuadas contrarias a las normas de convivencia del centro.
Un compromiso de esfuerzo dotacional en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos.
El establecimiento de una formación específica para la resolución de conflictos en el marco de la formación inicial del profesorado.
Instar a todos los estamentos sociales a arbitrar todas las medidas que faciliten la interacción entre familia y escuela: conciliación de horarios, permisos para resolver asuntos escolares, ajustes del horario de los centros al de las familias.
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