jueves, 18 de febrero de 2010

ANPE insta al Gobierno Regional a no quedarse atrás con respecto a otras comunidades autónomas en materia de autoridad del profesor

ANPE se muestra de acuerdo con los términos que contempla el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado promovido desde la Comunidad Valenciana, en la que se reconoce el derecho del profesor a ser respetado, recibir un trato adecuado y ser valorado en el ejercicio de sus funciones y a desarrollar su labor docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente el derecho a la integridad física y moral.

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Valencia sigue los pasos de Madrid en esta regulación, y desde el sindicato educativo esperan que nuestra Región se comprometa también en estos términos con los docentes castellano-manchegos, dando respuesta al clamor de profesores, alumnos, padres y toda la sociedad. Por eso, ANPE valora positivamente la futura ley valenciana en la que se recoge el carácter de “Autoridad Pública” de los equipos directivos y de los profesores en el ejercicio de sus funciones en todos los centros públicos y concertados de esta Comunidad.

Desde ANPE esperan que este precedente se extienda a todo el ámbito estatal, evitando discriminaciones entre comunidades autónomas, y reclamamos a nuestro Gobierno Regional que el reconocimiento de esta condición se incluya en la nueva Ley de Educación de Castilla-La Mancha, como así la presentamos entre nuestras propuestas a esta norma.

En este sentido los datos de la “Encuesta de satisfacción de los docentes castellano-manchegos con el estado de la Educación en la Región”, presentados por ANPE son claros y contundentes:

- El 89% de los docentes encuestados clama por la necesidad de que se les reconozca el estatus de autoridad pública como uno de los requisitos básicos para mejorar la convivencia y las condiciones de respeto y consideración profesional imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.

- La conflictividad de las aulas supone una fuente de insatisfacción para el 57% de los docentes en la región.

- Un 71% están poco o nada satisfechos con el apoyo que perciben por parte de la Consejería de Educación, sobre todo cuando un conflicto entre miembros de la comunidad educativa pone en una situación vulnerable al docente.

El reconocimiento de autoridad pública para los docentes es un paso decisivo para ayudar a mejorar el clima en las aulas, garantizando el derecho fundamental a la Educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar en contextos normalizados.

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