sábado, 6 de febrero de 2010

ANPE desmiente que la futura "Ley regional de educación refuerce la autoridad del profesor"

El sindicato educativo ANPE ha desmentido en un comunicado que la futura Ley Regional de Educación refuerce la autoridad del profesor y critica el intento de usurpación de funciones de los jueces por la Consejería de Educación.

Ante las últimas declaraciones de la Consejera de Educación, María Ángeles García, que dan a entender que la nueva Ley de Educación de Castilla- La Mancha recogerá muy positivamente el tema de la autoridad del profesor, el sindicato de profesionales de la Educación ANPE, quiere realizar las siguientes consideraciones:

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La Ley de Educación de Castilla- La Mancha no aporta nada nuevo, ni ninguna medida revolucionaria para solucionar el problema de la autoridad del profesorado, sino más bien todo lo contrario, ya que se va a perder la oportunidad de regular este aspecto tan decisivo a favor de los docentes castellano-manchegos.

La infeliz redacción del artículo 16.3, que no aborda directamente el reconocimiento de esta cualidad.

Que en diciembre de 2008 el Fiscal General del Estado ya dio instrucciones a las Fiscalías Territoriales para que se consideren las agresiones a los docentes como atentado contra la autoridad pública, haciendo efectivo el tenor literal de los artículos 550 y s/s del Código Penal.

El artículo 16.4 no añade nada nuevo, ya que la tipificación de un delito como “atentado contra la autoridad pública” no le corresponde a la Consejería de Educación, que no tiene nada que decir en este asunto, sino a jueces, magistrados y fiscales, con lo que este artículo usurpa los poderes de éstos.

Si la regulación de la autoridad del profesor es, según ha dicho la Consejera, una de las propuestas que desde la junta de Castilla- La Mancha se ha hecho para el Pacto por la Educación, no entendemos como no hay nada de ello en nuestra futura Ley regional.

Si desde el Gobierno Regional se declara que la futura Ley se está gestando dentro de un amplio proceso de participación, tampoco entendemos que no se hayan tenido en cuenta las propuestas presentadas por los profesionales de la educación solicitando urgentemente este reconocimiento del profesor como autoridad pública.

Los datos de la “Encuesta de satisfacción de los docentes castellano-manchegos con el estado de la Educación en la Región”, presentados por ANPE, son claros y contundentes: el 89% de los docentes, encuestados clama por la necesidad de que se les reconozca el estatus de autoridad pública como uno de los requisitos básicos para mejorar la convivencia y las condiciones de respeto y consideración profesional imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.

Evidentemente, el reconocimiento de Autoridad Pública para los docentes no va a solucionar los problemas de la educación pero es un paso decisivo para ayudar a mejorar el clima en las aulas, garantizando el derecho fundamental a la Educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar en contextos normalizados.

Lo que debe hacer nuestro Gobierno Regional es desarrollar la LOE, en cuyo articulado se recoge el reconocimiento, valoración y apoyo al profesorado y la obligación por parte de las administraciones educativas de velar para que el mismo reciba el trato, el respeto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada; y esto pasa por reconocer en nuestra futura Ley de Educación al docente como Autoridad Pública en el ejercicio de su función.

El sindicato ANPE reivindica y lidera desde hace años el reconocimiento social y legal del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función, como paso fundamental para la mejora del sistema educativo, siendo ésta una de nuestras demandas incluida entre nuestras propuestas a la nueva Ley de Educación de Castilla La Mancha.

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