miércoles, 20 de enero de 2010

ANPE reclama que la "Ley de Autoridad del Profesor" aprobada en Madrid, se aplique en la región

ANPE manifiesta su plena satisfacción ante la aprobación del proyecto de Ley de Autoridad del Profesor por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y exige el mismo reconocimiento para los docentes castellano-manchegos.

La nueva Ley responde a una reivindicación histórica de ANPE, que diseñó en septiembre de 2004 una estrategia sindical de hondo calado contra la violencia y para mejorar la convivencia en los centros, puesta en marcha mediante numerosas iniciativas y actuaciones.

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Esta medida pretende reforzar la figura de los docentes y, como ha señalado el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, "incrementar la calidad de la enseñanza y garantizar mejor el derecho constitucional a la educación en la Comunidad", mediante el reconocimiento de los profesores como autoridad pública en el ejercicio de su función.

ANPE muestra su satisfacción por esta Ley que es una respuesta al clamor de profesores, alumnos, padres y toda la sociedad.

En este sentido los datos de la “Encuesta de satisfacción de los docentes castellano-manchegos con el estado de la Educación en la Región”, presentados por ANPE la semana pasada en rueda de prensa, son claras y contundentes:

- El 89% de los docentes encuestados clama por la necesidad de que se les reconozca el estatus de autoridad pública como uno de los requisitos básicos para mejorar la convivencia y las condiciones de respeto y consideración profesional imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.

- La conflictividad de las aulas supone una fuente de insatisfacción para el 57% de los docentes en la región.

- Un 71% están poco o nada satisfechos con el apoyo que perciben por parte de la Consejería de Educación, sobre todo cuando un conflicto entre miembros de la comunidad educativa pone en una situación vulnerable al docente.

Según ha explicado ANPE, la condición de autoridad pública implica dotar de presunción de veracidad las declaraciones e informes de los profesionales docentes. Así mismo, las faltas contra los profesores tendrán una consideración más grave.

Según el sindicato, esta condición se reforzará con la adopción, por parte de la Administración educativa, de medidas que garanticen la protección y asistencia jurídica de los profesores y la cobertura de su responsabilidad civil en relación con hechos derivados de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro educativo.

ANPE considera este texto legal como antecedente de un nuevo modelo educativo que propicie un clima de orden, respeto y disciplina en los centros, para el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad y una verdadera igualdad de oportunidades.

Así mismo, desde ANPE reclaman, que se amplíe al ámbito estatal para evitar que haya discriminaciones entre las comunidades autónomas y que este reconocimiento se incluya en la nueva Ley de Educación de Castilla-La Mancha, como así la presentaron entre sus propuestas a esta norma.

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