ANPE aplaude la iniciativa presentada por el PP en las Cortes Regionales para el reconocimiento social y legal del profesorado como Autoridad Pública
El sindicato ANPE, en un comunicado, aplaude el "coraje político del PP al presentar una iniciativa en las Cortes Regionales para que se reconozca social y legalmente al profesor como Autoridad Pública en el ejercicio de su función. ANPE considera que ésta es una de las grandes demandas del sindicato en los últimos años y que por eso se había incluido entre sus propuestas a la nueva Ley de Educación de Castilla-La Mancha.
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La Ley Orgánica de Educación establece que el sistema educativo español se inspira en la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. En los últimos tiempos el profesorado, pilar básico de la realidad educativa, ha sufrido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social; la convivencia en los centros educativos se ha ido deteriorando hasta puntos insostenibles y las situaciones de violencia se han incrementado. España es uno de los países de la OCDE donde más se ha deteriorado la función docente.
La propia LOE atribuye la condición de autoridad pública a los funcionarios del Cuerpo Docente de Inspectores. La LOE y la Jurisprudencia recogen que las funciones de los inspectores se consideran funciones docentes. Por lo tanto, desde este punto de vista, no hay razón legal que justifique dicha discriminación entre los funcionarios de un Cuerpo Docente a los que se otorga la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y los demás funcionarios de los restantes cuerpos a los que no se otorga dicha condición.
Los Tribunales penales han considerado, asimismo, al profesor como autoridad pública, y desde ANPE se preguntan por qué también desoye el Gobierno central y autonómico esta realidad jurídica.
El sindicato tiene la convicción de que todas las iniciativas que refuerzan la autoridad de los docentes – que no tiene nada que ver con la arbitrariedad ni el autoritarismo, sino más bien con su contrario- redundan en beneficio de los propios alumnos y de las familias. Por todo ello, seguiremos demandando este reconocimiento para recuperar para el profesorado las condiciones de respeto y consideración profesional imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.
Según ha indicado ANPE, se lleva mucho tiempo transmitiendo a los poderes públicos y a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse plenamente el derecho fundamental a la Educación, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar en contextos normalizados.
Con esta perspectiva, el sindicato aplaude la proposición no de Ley presentada por el Grupo Popular a las Cortes de Castilla- La Mancha, así como la medida de la Comunidad de Madrid, que ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor; y exigimos a nuestro Gobierno regional que incluya la condición de autoridad pública en la próxima Ley de Educación de Castilla- La Mancha, para que los docentes de la región cuenten con un respaldo similar al de la norma madrileña.
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La Ley Orgánica de Educación establece que el sistema educativo español se inspira en la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. En los últimos tiempos el profesorado, pilar básico de la realidad educativa, ha sufrido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social; la convivencia en los centros educativos se ha ido deteriorando hasta puntos insostenibles y las situaciones de violencia se han incrementado. España es uno de los países de la OCDE donde más se ha deteriorado la función docente.
La propia LOE atribuye la condición de autoridad pública a los funcionarios del Cuerpo Docente de Inspectores. La LOE y la Jurisprudencia recogen que las funciones de los inspectores se consideran funciones docentes. Por lo tanto, desde este punto de vista, no hay razón legal que justifique dicha discriminación entre los funcionarios de un Cuerpo Docente a los que se otorga la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y los demás funcionarios de los restantes cuerpos a los que no se otorga dicha condición.
Los Tribunales penales han considerado, asimismo, al profesor como autoridad pública, y desde ANPE se preguntan por qué también desoye el Gobierno central y autonómico esta realidad jurídica.
El sindicato tiene la convicción de que todas las iniciativas que refuerzan la autoridad de los docentes – que no tiene nada que ver con la arbitrariedad ni el autoritarismo, sino más bien con su contrario- redundan en beneficio de los propios alumnos y de las familias. Por todo ello, seguiremos demandando este reconocimiento para recuperar para el profesorado las condiciones de respeto y consideración profesional imprescindibles para el desempeño de su labor educativa.
Según ha indicado ANPE, se lleva mucho tiempo transmitiendo a los poderes públicos y a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse plenamente el derecho fundamental a la Educación, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar en contextos normalizados.
Con esta perspectiva, el sindicato aplaude la proposición no de Ley presentada por el Grupo Popular a las Cortes de Castilla- La Mancha, así como la medida de la Comunidad de Madrid, que ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor; y exigimos a nuestro Gobierno regional que incluya la condición de autoridad pública en la próxima Ley de Educación de Castilla- La Mancha, para que los docentes de la región cuenten con un respaldo similar al de la norma madrileña.
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